Como era previsible, el retraso tarifario en los servicios públicos exacerba el consumo, provoca déficits de inversiones que deterioran la calidad de los servicios y demanda cuantiosos subsidios a favor de las empresas proveedoras. Esto no se resuelve con el anunciado aumento de las tarifas de gas y electricidad que alimentará un fondo estatal para financiar las inversiones, señala un informe del centro de estudios Idesa.
La solución genuina pasa por gestionar las obras en base a la articulación público-privada y tender a cobrar la tarifa real a todos los usuarios, complementado con subsidios focalizados a través de un régimen de tarifa social a favor de las familias más pobres.
El Gobierno nacional aumentará las tarifas de electricidad y gas. El incremento -agrega el trabajo- no es el inicio de un proceso de sinceramiento de tarifas con el fin de desactivar los masivos subsidios a las empresas proveedoras de los servicios.
Por el contrario, se plantean como cargos fijos bimensuales -de entre $ 4 y $ 150 para el consumo eléctrico y de entre $ 4 y $ 60 para el gas- con destino a un fondo estatal para realizar inversiones. Para justificar la permanencia de los subsidios y el retraso tarifario se planteó el argumento de que por esta vía se mejora el bienestar de los trabajadores ya que operan como un salario indirecto.
Impactos negativos
Mantener el retraso tarifario -sigue- tiene múltiples impactos negativos. El más visible es el deterioro en la calidad de la prestación por la falta de inversiones. También suma distorsiones exacerbando el consumo, sobre todo en los estratos socioeconómicos medios y altos. Menos visibles, pero sumamente importantes, son las crecientes dificultades para darle sostenibilidad financiera. En este sentido, resulta esclarecedora la información que publica la Secretaría de Hacienda de la Nación y la Asociación Argentina de Presupuesto.
Según estas fuentes -agrega-, entre enero y septiembre del año 2012 se observa que:
- Los ingresos del sector público nacional fueron de $ 400.000 millones y el gasto público de $ 416.000 millones; es decir, hubo un déficit fiscal de $ 16.000 millones.
- Los subsidios a Enarsa -que mayoritariamente se destinan al subsidio al gas- fueron de $12.000 millones.
- Los subsidios a Cammesa -que son los que se destinan al subsidio de la electricidad- ascendieron a $ 17.000 millones.
Finanzas precarias
Los datos -especifica el estudio- muestran que la situación financiera del sector público nacional es muy precaria. El déficit es muy alto aún con presión impositiva récord, inédita centralización de recursos públicos a favor de la Nación en desmedro de las provincias y con masivas transferencias de otros organismos del Estado (fundamentalmente el Banco Central y la Anses). En este marco, adquiere especial relevancia el hecho de que los subsidios al gas representan unas tres cuartas partes del déficit fiscal y los subsidios a la electricidad equivalen a la totalidad del déficit del Estado nacional.